Por Juan Carlos Bozo

En Chile, el mercado de las apuestas online ha dejado de ser un fenómeno marginal. En 2024 movió cerca de US$ 3.100 millones, con más de 5,4 millones de usuarios activos. Nos enfrentamos a una industria consolidada que, sin embargo, opera en un limbo legal al que urge dar respuesta.

El poder concentrado en pocas plataformas —cinco empresas controlan casi el 87 % del mercado— evidencia que las reglas del juego están siendo escritas unilateralmene por actores privados. Esta asimetría exige que el Estado recupere liderazgo: no basta con intervenir tímidamente.

Nos corresponde a todos preguntarnos: ¿cómo construir un mercado digital que funcione bajo principios de justicia y control público?

El principal reto pasa por la integración tarifaria y tributaria. Hoy muchas plataformas actúan sin tributar en Chile, lo que implica —literalmente— una pérdida fiscal significativa. No se trata solo de gravar un negocio: esos recursos podrían financiar programas de prevención, tratamiento de ludopatía y fiscalización técnica.

El riesgo social es concreto. Informes recientes indican que casi un 20 % de los jugadores frecuentes son jóvenes o estudiantes, un grupo más propenso a caer en conductas compulsivas. La publicidad dirigida, con estrategias sofisticadas de segmentación digital, agrava la vulnerabilidad.

Se argumenta —legítimamente— que una regulación excesiva podría empujar la actividad hacia mercados oscuros e ilegales. Pero esa lógica no exime al Estado de su deber: el desafío es crear un marco que permita actividad económica justa, transparente y con responsabilidades claras.

Más allá de los aspectos técnicos, está en juego la visión de país: en medio de un déficit fiscal estructural, ¿es admisible que un sector económico de gran tamaño opere sin contribuir al bien común ni asumir costos sociales?

La regulación del mercado de apuestas en línea no puede ser vista como una mera cuestión sectorial. Es una decisión colectiva sobre cómo articular la economía digital con la protección ciudadana. Instamos al Congreso, al Ejecutivo y a la sociedad civil a responder con decisión: legislar con rigor, supervisar con efectividad y proteger con compromiso.